Barcelona está recuperando su atractivo para las empresas de construcción tras un reciente cambio en las regulaciones sobre viviendas de protección oficial (VPO). Anteriormente las empresas estaban obligadas a destinar el 30% de sus nuevos proyectos a VPO, una norma que limitaba el desarrollo de nuevas promociones en la ciudad y llevaba a muchas a invertir en otras áreas.
Con la modificación de la normativa, las empresas ahora tienen más flexibilidad. En lugar de tener que mezclar las viviendas de protección oficial con las de mercado en cada proyecto, ahora pueden agrupar las VPO en un solo edificio o parcela. Esto significa que de cuatro promociones nuevas, una puede estar completamente dedicada a VPO. Esta flexibilidad está siendo recibida con alivio por parte de las promotoras, aunque el impacto total de la medida aún está en evaluación y hay opiniones diversas alrededor de este tema.
Ferrán Marsà, CEO de La Llave de Oro, señala que la antigua normativa hacía inviable la construcción en Barcelona, lo que llevó a las inversiones a otras áreas. Con la nueva flexibilidad, hay esperanzas de que se reanuden los proyectos en la ciudad, aunque Marsà advierte que es necesario entender bien los detalles de los cambios.
José Antonio Alfonso, director territorial de AQ Acentor en Cataluña, asegura que la empresa sigue comprometida con Barcelona y su área metropolitana. Desde 2017, han desarrollado más de 1.800 viviendas, incluyendo más de 520 protegidas. Consideran que la nueva medida podría ser más favorable para las promotoras y apoyar el crecimiento de la ciudad.
Sin embargo, no todos están convencidos. Jaume Borràs, director de negocio de Culmia, se muestra descontento con la normativa anterior, pero también espera que los cambios permitan continuar desarrollando proyectos en Barcelona sin mayores obstáculos.
Daniel Cuervo, director general de Vía Ágora, crítica la normativa previa por hacer inviables los proyectos en Barcelona, aunque está dispuesto a reconsiderar su postura si las nuevas reglas resultan efectivas.
El alcalde Collboni ha enfatizado la importancia de flexibilizar la normativa para fomentar el crecimiento en áreas clave de la ciudad, como La sagrera y La Marina del Prat Vermell. Se espera que la modificación permita construir hasta 70.000 nuevas viviendas, de las cuales 30.000 serían protegidas.
En conclusión, la flexibilización de la normativa sobre viviendas de protección oficial podría revitalizar el interés en Barcelona, aunque el sector sigue observando de cerca cómo se aplican los nuevos cambios. La capacidad de las promotoras para adaptarse a las nuevas condiciones determinará si Barcelona vuelve a ser un destino prioritario para la construcción de viviendas.